El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad bancaria recurrida, al no proporcionar una respuesta clara y suficiente al solicitante.
La campaña insta a la Fiscalía Regional de Valparaíso y Fiscalía Local de La Ligua a que generen canales de denuncia expeditos para quienes defienden los derechos humanos prestando especial atención a Mujeres Modatima, esto en virtud de que ellas ya han sido víctimas de diversos ataques. A su vez, exige que aseguren que el actuar de la PDI y Carabineros sea coordinado, oportuno y no intimidatorio.
La Comisión ad hoc precisó que el trabajador siempre podrá hacer reserva de derecho y el dinero que no está en disputa deberá ser pagado por el empleador, “así el finiquito electrónico no significa desmedro al trabajador”, se precisó.
Se infringiría el principio de proporcionalidad, toda vez que la multa de 100 UTM que se impuso a Canal 13 no contemplaría criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar en forma proporcional el monto de la multa a ser aplicada.
El máximo Tribunal ordenó poner los antecedentes en conocimiento de los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social y Familia.
La resolución está supeditada al resultado final del sumario administrativo.
La presunción administrativa que da por acreditada la comisión de una contravención infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, y limita el derecho a la defensa.
Los estatutos sindicales no pueden determinar la legalidad (o ilegalidad) de cualquier actividad, correspondiendo esa tarea al legislador.
Se infringirían garantías de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.
Esto, a propósito de solicitud a la Contraloría sobre la procedencia de que el ex Ministro de Salud usara su cuenta personal de redes sociales -en la que había bloqueado a usuarios- para la comunicación de asuntos relativos a la respectiva Secretaría de Estado.
