La figura de la reelección indefinida no ha sido precisada en el sistema interamericano en algún texto o instrumento internacional, tampoco en una decisión u opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La práctica sobre ella es variada.
La sentencia del TEDH resalta la importancia de proteger los derechos de las víctimas de abuso sexual en los procedimientos penales, para no incrementar el daño que ya han sufrido, lo que podría desincentivarles de denunciar estos hechos.
La sentencia establece que dichas prácticas de vigilancia también están «sujetas» a los derechos fundamentales, aunque se produzcan fuera de territorio alemán y que la ley que las regula actualmente infringe dos de ellos, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la libertad de prensa.
La sentencia indica que, en la especie, las acciones que fueron acreditadas no pueden tildarse como contrarias a dichos conceptos, si no se probó el modo como se pretendía captar al único cliente que, según se imputó, sería objeto de desviación ilícita.
En la audiencia de control de la detención el magistrado, tras la revisión de un registro audiovisual y escuchar a los intervinientes, el actuar ilegal de la policía al ingresar sin autorización al inmueble, por lo que ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la eventual comisión del delito de falsificación de instrumento público.
El órgano contralor adujo esto, pues las funciones de esta institución son ejercidas fundamentalmente sobre los órganos y organismos que conforman la Administración del Estado.
La Corte Suprema señaló que, las inadvertencias denunciadas por la recurrente no ha podido agraviarla porque no tienen la trascendencia que les asigna ni influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
El objetivo principal del proyecto ingresado es regular el tema de la calidad de la miel y su venta y distribución.
En el certificado de exención del servicio militar de la República de Moldavia se exponía que la persona era VIH positivo.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la juez de control de garantías no consideró ni adoptó medidas alternativas idóneas para satisfacer las libertades de expresión, información y prensa.
