La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Künsemüller, quien estuvo por rechazar también el recurso deducido por el Servicio de Impuestos Internos.
El máximo Tribunal establece que en el recurso no se identifica a nadie que vea amagados sus derechos por la ordenanza municipal, sin perjuicio que eventuales actos discriminatorios deben ser analizados por otra vía legal, como la ley antidiscriminación.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al denegar la cobertura solicitada.
El Tribunal concluyó que la resolución del SEA infringió el artículo 62 de la Ley Nº 19.880 y, al utilizar la Norma de la Confederación Suiza como valor límite.
La propuesta legal busca plasmar el compromiso del Estado chileno con las artes escénicas mediante la creación de su propia institucionalidad, centrada en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.
El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por la acción ilegal de sus agentes en los hechos denunciados, los que constituyen un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible tanto en el aspecto penal como civil.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada por ley de transparencia está amparada por la causal de reserva o secreto legal.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución que condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de los tres secuestros calificados y los ocho homicidios calificados.
No dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de San Miguel.
