El Tribunal de alzada consideró que la sanción se encuentra ajustada a la normativa y que la estación reclamante no presentó pruebas suficientes para desvirtuar la sanción.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la condenada en el perjuicio causado al Estado por el pago excesivo de fondos de subvención escolar especial.
La CIDH urge a Venezuela y a Trinidad y Tobago a realizar de inmediato una investigación seria, imparcial y efectiva de estos hechos, incorporando en el análisis posibles situaciones de trata de personas.
En su análisis, el Tribunal determinó que el predio en cuestión está emplazado en un terreno que geográficamente ha sido una isla, y que, por lo tanto, de conformidad con el Decreto Supremo Nº2.734 de 1981 se sitúa dentro de los límites del Santuario.
La gestión pendiente incide en proceso contencioso administrativo sobre recurso de reclamación seguido ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema por recursos de casación en la forma y en el fondo.
Gendarmería mantuvo la supervigilancia de los beneficiados por el indulto conmutativo (COVID 19) por lo que debe realizar la evaluación de la conducta de los internos.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional colombiana protegió los derechos de una mujer transgénero, a quien su empresa prestadora de salud (EPS) le negó los procedimientos y laboratorio clínicos ordenados por el médico tratante para su reafirmación sexual y de género.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría su libertad personal, toda vez que se genera un gravamen injusto y desproporcionado que la requirente no está obligada a soportar.
Esto, a propósito de solicitud del Senador Alejandro Guillier, quien pide un pronunciamiento en relación a si se ajusta a derecho el procedimiento de otorgamiento de beneficios adicionales o complementarios a quienes fueron favorecidos con la Beca de Doctorado Nacional, seguido por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
