En el texto ratificado por la Cámara de Diputados, además, se pide tener en consideración el alto nivel de hacinamiento de algunas zonas, la carencia de agua y la necesidad de garantizar un ingreso para las familias.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida al imputar públicamente actos que revisten caracteres de delito que no han sido establecidos judicialmente.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso intentado por la demandada, tras establecer que la materia que pretende unificar es un tema fáctico, por lo que excede los tópicos susceptibles de comparación estrictamente jurídica con otras sentencias de contraste.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que fijó las indemnizaciones en la suma total de $56.000.000 por concepto de daño moral.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a Cenabast pagar la suma de $1.357.051.560, por concepto de indemnización de perjuicios, por el incumplimiento del contrato de provisión de productos del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, adjudicado en abril de 2013 a Proselur.
La intención es apoyar el congestionado sistema hospitalario que vive sus días de mayor demanda producto del alza de pacientes con Coronavirus.
La ley aumenta la competencia entre instituciones financieras y facilitará el acceso a crédito para personas naturales y pymes.
La Corte resolvió que yerra la sentencia impugnada pues resulta evidente que el establecimiento, en este caso, un bus, no solo se encuentra en funcionamiento cuando transporta pasajeros, que conforma el giro de la empresa, sino que también dicha actividad involucra los demás actos tendientes al transporte propiamente tal.
Para abordar esta problemática que hoy afecta particularmente a inmigrantes, el grupo parlamentario recibió el testimonio del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. En la sesión, la instancia también avanzó en la votación del proyecto de copropiedad inmobiliaria.
Mal puede demandarse para el control de identidad, que importa una limitación de mucho menor intensidad a la libertad ambulatoria que la detención, mayores condiciones y requisitos para su materialización.
