El Tribunal estableció que la demandada Sociedad de Seguridad Aérea SA no justificó los hechos descritos en la carta de despido del trabajador, a quien acusó de dedicarse a reclutar personal para empresa de la competencia.

El máximo Tribunal declaró inadmisible un recurso de queja, pero consideró que se debe admitir la participación del abogado denunciante en el proceso por supuesto incumplimiento de la normativa ambiental de la fundición.

A través de la Secretaria Ejecutiva de la Convención Constitucional, dependiente del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

La iniciativa, que quedó en condiciones de ser remitida para su trámite de promulgación, tiene por objeto prorrogar el beneficio otorgado por la mencionada ley, que permitió extinguir todas las multas aplicadas por infracción a la prohibición de circulación de vehículos sin dispositivo electrónico, asociados a una misma placa patente y que cumplieran con las demás condiciones que se señalan en dicha ley.

Posiciones encontradas genera el mensaje del Ejecutivo sobre una nueva institucionalidad y mecanismos de protección del patrimonio, principalmente, en lo relativo a realizar una consulta indígena previa. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada por mayoría en la instancia.

La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que la transparencia es confianza y “permite hacer más entendible el acceso a la información para la ciudadanía”, permitiendo aportar de forma concreta con miras al proceso constituyente.

Para los griegos, el mejor sistema de descubrir la verdad entre dos personas era poniendo a una frente a la otra, dejando que cada una contara el asunto a su manera, aportando las pruebas que considerasen relevantes, sin permitir que un tercero interviniese.

El libro reúne a más de 50 profesores y profesoras que, en un formato simple y breve examinan la esencia de casi un centenar de conceptos fundamentales del constitucionalismo y de nuestra propia historia constitucional.

La Comisión fue informada que determinadas personas inicialmente beneficiarias se encontraban en libertad, pero continuaban siendo objeto de factores de riesgo al igual que sus familiares hasta la fecha.

“La suspensión ha sido total, es decir sin excepción alguna, ni aun cumpliendo aforos y protocolos, lo que consideramos prohibido por el artículo 27, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala la Corporación.