La Corte de Santiago estimó que la recurrida incurrió en un comportamiento ilegal y arbitrario.
Las gestiones pendientes inciden en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó.
Se condenó a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia de que conoce la Corte Suprema.
El fallo indicó que desapareció el fundamento por el cual la recurrida se negó a recibir el pago de la cuota sindical del recurrente tornando en arbitraria esta determinación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago.
Se estimó que del mérito de los antecedentes que fueron allegados al expediente no se advierte irregularidad alguna que pueda ser imputada a la recurrida en los términos que el recurrente refiere.
El máximo Tribunal estimó que de los antecedentes del recurso aparece que la situación allí descrita sí constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que su mérito deberá decidirse al conocer del fondo de la acción deducida.
Se estimó que los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía.
El cuestionado dictamen había concluido, en síntesis, que el cargo de Fiscal Nacional Económico no forma parte del SADP, razón por la cual no tendría derecho a la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, al término de su segundo período de cuatro años.
