La Dirección de Pensiones de la institución había considerado el plazo de prescripción de dicha acción desde que tuvo lugar la notificación del retiro temporal del ex uniformado, puesto que desde ese momento el funcionario se entendía desvinculado, lo que sólo fue ratificado con el retiro definitivo.

En atención al principio de protección que es transversal al ordenamiento laboral, el operario puede solicitar la tutela judicial efectiva del conflicto que pone en conocimiento del Tribunal, sin que éste se encuentre en posición de privar al demandante de su derecho al debido proceso.

La tardanza injustificada con que se resolvió finalmente la cuestión relativa a la indemnización por el accidente de tráfico y el perjuicio patrimonial, la no práctica de la prueba pericial y el envío de la reclamación a la entidad aseguradora sin indicar dato alguno de las lesiones sufridas , dan cuenta de ello.

Los jueces de fondo se equivocaron al considerar que el plazo de oposición estaba determinado por el lugar en que se requirió de pago al recurrente.

La inflación en los últimos 12 meses fue de 14.1%, de las tasas más altas que ha visto el país en los último 30 años, por ende, la canasta básica de alimentos subió 22.4%.

Sin perjuicio, la Corte ordenó a Gendarmería adoptar todas las medidas para garantizar la integridad y seguridad del amparado y remitir la solicitud del traslado al Director Regional para su conocimiento y resolución. La clasificación de los internos, la decisión del módulo en que deben permanecer y su traslado a otras unidades penales, corresponden a decisiones a administrativas de Gendarmería.

No resulta procedente cuestionar a través del recurso de nulidad el proceso de valoración de las pruebas aportadas, sin que se haya logrado demostrar infracción a la sana crítica.

Con todo, no resulta procedente declarar en lugar de la resolución dejada sin efecto, que los terrenos efectivamente se encuentran fusionados, pues esa declaración excedería los márgenes del reclamo de ilegalidad. Deberá emitir un pronunciamiento en concreto y razonado de los motivos de su rechazo a la solicitud.

En la especie, el demandante no pudo singularizar la superficie exacta de la franja de terreno reclamada, ni tampoco pudo acreditar que aquella porción perteneció al predio principal.

El artículo 373, 370, y 399 del Código Procesal Penal otorgan legitimidad al condenado y no a la parte acusadora, debido a que es el primero el que sufre el rigor del ius puniendi estatal.