La sentencia señala que los preceptos impugnados amplían el objeto de acceso a la información vía Ley de Transparencia.
La sentencia señala que, son materia de ley orgánica constitucional las normas que modifiquen los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República sometidos a jurisdicción chilena.
El ente contralor adujo que, para ello, se precisa el consentimiento de dichos funcionarios y que es con el fin de hacer frente a la contingencia por pandemia de COVID-19.
Concejal de Chiguayante habría solicitado se reinstaurara la prohibición en aras de la salud personal y pública.
Demandante cumplió con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 332 del Código Civil, al financiar los estudios de la demandada, permitiéndole obtener un título, que, aunque de carácter técnico, la habilita para desarrollar labores remuneradas y proporcionarse su propio sustento, incluso para solventar el coste de una segunda carrera.
Si no efectúa la denuncia administrativa en resguardo de sus derechos laborales habría continuado trabajando como si lo hizo el resto del personal.
Fue él quien presidiera la Comisión parlamentaria para la elaboración de la Constitución de la II República, aprobada en 1931, un texto de indudable valor.
En el contexto de la sexta Cuenta Pública del Congreso, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, entregó el detalle de los proyectos cuyas temáticas van desde establecer un nuevo itinerario electoral para el Plebiscito Constituyente hasta la suspensión y rebaja en pagos de distintos servicios.
La CIDH advierte que, desde el inicio de la emergencia sanitaria global, los esfuerzos en las Américas para detener el virus y su enfermedad se han visto afectados por el contexto propio del continente anterior a la pandemia, que incluye la discriminación, la pobreza, la desigualdad, la debilidad estructural de los sistemas públicos de salud y, muchas veces, la falta de estabilidad política e institucional.
Este trámite solo tiene efectos si el demandado solicita el retiro del 10 % de sus fondos previsionales.
