El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que no dio por probados los perjuicios reclamados por las demandantes.
No es la primera vez que la actual administración norteamericana la emprende públicamente contra organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la justicia penal internacional.
El Tribunal de alzada confirmó la sanción de 250 UTM impuesta al hospital universitario por la autoridad de salud.
El máximo Tribunal no hizo lugar al arbitrio deducido en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se pronunció sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.
La Magistratura Constitucional, en su oportunidad, pospuso la adopción del acuerdo, en tanto decretó una medida para mejor resolver.
Al desconocer la sentencia el efecto liberatorio del finiquito ha incurrido en la causal de nulidad del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.
Ello contraviene la norma que prohíbe conductas de exclusión basadas en la enfermedad del trabajador.
La inspección, encabezada por los ministros Cristián Delpiano y Daniella Ramírez, corresponde a una medida para resolver decretada por el Tribunal, en el marco de la reclamación interpuesta por la empresa en contra de la SMA, que ordenó el ingreso al SEIA del proyecto por estar realizando actividades que requieren ser evaluadas ambientalmente.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la magistrada ordenó el ingreso de CRSF, quien llegó extraditado desde Alemania, a una residencia dependiente del Servicio Nacional de Menores.
La resolución fue adoptada por la magistrada, tras recepcionar el tribunal el oficio enviado por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el cual se informó la revocación del beneficio otorgado a Bustamante Pérez en una causa diversa.
