El texto legal establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y requerirá de un reglamento para poder operar.
El máximo Tribunal estableció que no hubo error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no hizo lugar a la demanda.
Ley de reforma fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la demandada recurrente pagar $15.793.680
Las decisiones impugnadas son políticas públicas del Poder Ejecutivo y constituyen actos de gobierno.
El máximo Tribunal confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la acción constitucional.
El Tribunal consideró injustificado el despido del demandante por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.
El actuar de la demandada contravino al deber ético-jurídico de una relación laboral.
La defensa solo alegó que el juicio se realizó mediante video llamada, sin precisar acabadamente como se vulneró la garantía al debido proceso.
La gestión pendiente incide en proceso contencioso administrativo, de que conoce la Corte de Santiago.
