Los demandantes aducen que la HR815 viola múltiples disposiciones constitucionales al imponer restricciones que, según sostienen, no están estrictamente vinculadas a la seguridad nacional. Se conculca la libertad de expresión, el debido proceso y la ley constituye una expropiación inconstitucional al imponer la venta forzada de una propiedad privada sin una compensación adecuada.

La iniciativa busca perfeccionar los procedimientos de fiscalización que actualmente existen en materia hídrica, otorgando nuevas herramientas legales a la Dirección General de Aguas (DGA) para el cumplimiento de dichas tareas y modernizar y fortalecer los procedimientos de fiscalización.

El aplazamiento implica la anulación de la fecha originalmente establecida para el juicio, programada para el 20 de mayo. En su lugar, se han fijado nuevos plazos para gestionar antecedentes pendientes y resolver las mociones solicitadas. La fecha límite final para estas diligencias se ha fijado para el 22 de julio de 2024.

El Tribunal Pleno modificó el auto acordado sobre la forma de conocimiento del recurso de apelación de los recursos de amparo ante el máximo Tribunal.

El abogado aborda los cambios que se han producido en la doctrina del Tribunal Constitucional y en la jurisprudencia del Supremo sobre la ponderación entre los derechos a la información y la libertad de expresión y el derecho al honor.

La recurrente no desvirtúa las conclusiones del pronunciamiento como lo exige la norma. No se pasa por alto que la sentencia concluyó que las codemandadas en este proceso fueron ajenas a las causas de los daños sufridos por el demandante, quien en una madrugada de lluvia, sin intervención de otros vehículos, se llevó por delante un guardarraíl divisor de una salida de la autopista.

La reclamación busca anular la resolución de la SMA que rechazó el otorgamiento de calidad de interesado en proceso sancionatorio contra Cooke Aquaculture.

El crimen organizado y el terrorismo se ha transformado en una de las amenazas más grandes para la estabilidad democrática y, debido a ello, para los partidos políticos por lo que se hace indispensable instituir mayores exigencias para sus militantes.

Para tener la facultad de plantear cuestiones, el organismo remitente debe poder ser calificado de «órgano jurisdiccional» con arreglo al Derecho de la Unión. Pues bien, este no cumple el requisito de independencia. En efecto, sus miembros pueden ser cesados anticipadamente por el ministro Federal de Arte, Cultura, Administraciones Públicas y Deporte «por motivos graves», concepto que no está definido en la legislación nacional.

En particular, lo concerniente a los efectos que esta figura tendría en el registro civil de los niños concebidos en Colombia.