Dicha calidad es de aquellas cualidades subjetivas intransferibles a través de la subrogación a que tiene derecho la compañía de seguros, por lo que esta no puede accionar ante el Juzgado de Policía Local haciendo valer las acciones que contempla la Ley del Consumidor.

La recurrente, como cualquier persona, goza de un derecho fundamental a disfrutar su vida y a soportar dignamente la enfermedad que padece, tiene el derecho a pasar sus últimos meses de vida disfrutando de la totalidad del dinero que es de su propiedad y que ahorró por muchos años.

Uno de los temas prioritarios del encuentro fue reafirmar y actualizar la postura de la Corte Suprema sobre la necesidad de separar la función jurisdiccional y administrativa, proponiendo la creación de una entidad nacional y otras a nivel locales que tenga una mayoría de integrantes judiciales y que se aboque a las tareas de nombramientos, evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto; formación y capacitación.

La actividad, que se realizó en la Universidad San Sebastián, contó con la presencia de actores de variados sectores políticos acompañados por el abogado y académico de la misma Universidad, Arturo Squella, quien ofició como moderador de la actividad.

En diversos países ya se han iniciado investigaciones o causas en contra de estas empresas estadounidenses.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, manifestó que la idea es llegar con prontitud a un acuerdo que pueda ser suscrito por los distintos partidos con representación parlamentaria.

La magistrada condenó a la concesionaria por su responsabilidad extracontractual al no adoptar las medidas seguridad en la vía concesionada. 

El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Toro Rivera en los hechos.

La reclamante solicitó además la indemnización de los perjuicios causados por el municipio, lo que fue desestimado por la Corte, puesto que tal petición excede los márgenes de la acción de reclamación dispuesta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la recurrida al sancionar a la minera.