El requirente estime que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, particularmente el derecho a un válido emplazamiento y al derecho a uno defensa letrada libremente escogida.
Se acogió la petición de regulación de honorarios deducida a favor de dos abogados.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago por recurso de nulidad.
Los padres deben tener la oportunidad de presentar antecedentes, descargos y apelar a las decisiones del colegio.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Moreno destacó la creación de un Consejo de Expertos; la división del sistema y tratamiento para niños con padres sancionados por el Tribunal Familiar y los menores infractores de ley, entre otros.
A la instancia asistieron el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el ex ministro del máximo Tribunal, Milton Juica; y los abogados Héctor Salazar y Claudia Cárdenas.
El pleno de ministros, entre otros, valoró que la propuesta establezca que son los juzgados de familia «los llamados a conocer los asuntos que regla esta iniciativa legal».
El máximo Tribunal descartó que este Ministerio haya actuado de forma injustificadamente errónea o arbitraria en la especie.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad entablado en contra la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
