La Sala del Senado da el primer paso a la idea de legislar sobre este proyecto que posee un fuerte componente social y cultural.
Para el pleno de ministros, «acerca de la estructura del procedimiento, no se advierten, a pesar de las numerosas modificaciones a los preceptos vigentes y nuevos artículos que se introducen, modificaciones estructurales, manteniéndose la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil».
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida, al denegar el financiamiento del fármaco prescrito por el equipo médico tratante, por no estar incluido en el listado definido por la autoridad.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el de nulidad presentado con la finalidad de invalidar la resolución de base que hizo lugar a la demanda.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que no hizo lugar a la demanda.
El Tribunal de alzada descartó infracción a las reglas de la sana crítica en la resolución recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El abogado Cristián Eduardo Inostroza Quiñiñir fue condenado a 300 días de presidio, suspensión de profesión titular y de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 6 UTM, en calidad de autor del delito consumado de obstrucción a la investigación.
Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a los 96 años.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta que acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y demanda de cobro de prestaciones, fijando el pago de una indemnización total de $5.532.639.
El Tribunal desestimó las alegaciones que cuestionaban la idoneidad de las medidas contenidas en el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones aprobado mediante la resolución impugnada, vinculadas a la frecuencia de los monitoreos, supuestas vulneraciones al principio de juridicidad por no considerar las medidas requeridas por el reclamante.
