Tampoco el tribunal a quo podría haberla modificado, ni siquiera en uso del artículo 341, inciso segundo, del Código Procesal Penal, porque en el postulado del Ministerio Público no existía sustrato fáctico que lo sustentara.
Al no haberse acompañado los cheques originales y sus protestos, tal como se había ofrecido por el querellante, el Juez de Garantía concluyó, acertadamente, que “no se ha podido acreditar que los cheques hayan sido extendidos con las menciones exigidas por el artículo 13 del DFL 707.
La reutilización potable directa no utiliza acuíferos subterráneos ni barreras ambientales de almacenamiento, liberando las aguas residuales tratadas directamente en plantas de tratamiento o mezclándolas con otras fuentes de agua.
En definitiva, la naturaleza jurídica del derecho penitenciario es una situación que está lejos de ser zanjado. En efecto, tendemos observar en la jurisprudencia de nuestras diversas Magistraturas que existe una propensión por reconocer su naturaleza administrativa, pero no deja de existir aquella doctrina minoritaria que intenta mantener el espíritu penal sobre este derecho, con el propósito principal de extender las garantías penales de esta última ratio, a fin de que los distintos penados puedan verse favorecidos más pronto que tarde, por alguno de los beneficios intrapenitenciarios que contempla nuestro actual sistema.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, ya que el legislador no le entregó la competencia a los Tribunales ordinarios en materia laboral para reconocer la existencia de relación laboral de funcionarios regidos por un estatuto de derecho público.
Si bien en un principio el municipio adoptó las medidas para adecuar las labores que la actora desempeñaba como enfermera del CESFAM a la afección que ella padece, con posterioridad las modificó de modo unilateral sin haberlas restablecido, pese a las solicitudes, observaciones y objeciones formuladas por la trabajadora y que constan en la cadena de correos electrónicos acompañados al recurso.
La resolución objeto de este recurso fue dictada por Juez competente, dentro de los casos previstos por la ley, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para tales efectos.
Sin perjuicio de que en la normativa de familia no se encuentra regulado el derecho de comunicación respecto de los seres afectivos (mascotas), entendiendo que lo correcto es valorarlos como partes integrantes de la familia multiespecie, la presente causa se tramitará de conformidad a lo establecido en Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia.
No vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso. La parte requirente yerra al asumir que la discusión de la existencia de una relación laboral es incompatible con la aplicación del artículo 162, y que además de esto se derivaría alguna inconstitucionalidad.
No puede soslayarse que la naturaleza del asunto que originó la instrucción del sumario contra el recurrente, conductas impropias respecto de una alumna, es susceptible de afectar la honra de su persona y familia, particularmente al tratarse de un profesor de música con más de cuarenta y ocho años de ejercicio profesional.
