El acusado fue sorprendido saliendo del establecimiento con un horno y una caja de útiles escolares, sin ser capaz de explicar a los agentes por qué poseía tales especies. Pese a ello, intentó justificar que el delito no se consumó debido a que “los bienes fueron recuperados de inmediato por la víctima”, argumento desechado debido a la evidente violación de la esfera de resguardo.

El texto de la resolución llama a resolver con celeridad la situación de personas que han sufrido un retraso en sus tratamientos por la paralización que experimentaron las atenciones médicas producto de la crisis sanitaria.

La autoridad falló al aplicar de forma automática e irreflexiva la causal de finalización del esquema de seguridad al núcleo familiar del accionante tras su captura. El contexto generalizado de inseguridad que vienen padeciendo los desmovilizados de las antiguas FARC-EP y los antecedentes de violencia en su contra requerían de un análisis sopesado y riguroso antes de levantar el esquema de protección.

La solicitud pide una campaña informativa sobre los derechos y alternativas de las mujeres en caso de que un médico se niegue a realizar el procedimiento de ligadura de trompas por objeción de conciencia.

El derecho protegido por el artículo 6 de la Convención debía interpretarse a la luz de su Preámbulo, que declara el Estado de Derecho como patrimonio común de los Estados Contratantes. Uno de los aspectos fundamentales de este Estado es el principio de seguridad jurídica, que exige, en particular, que cuando los tribunales hayan resuelto definitivamente una cuestión, su decisión no debe ser cuestionada

Es la segunda vez en la historia que el procedimiento consultivo es utilizado ante la CIJ para conocer de la situación que se vive en Palestina: en el 2004, la CIJ rindió una opinión consultiva sobre la consecuencias jurídica derivadas de la construcción de un muro en territorios palestinos.

Sus dichos se enmarcan en el debate de enmiendas presentadas al artículo 16. Algunas de las propuestas abordadas se enfocaron en el medioambiente, tener un plan universal de salud y el acceso a los medicamentos.

El órgano Contralor carece de un control discrecional respecto al plazo de caducidad para examinar y finiquitar una cuenta. En caso contrario se trataría de una obligación meramente potestativa de la Contraloría, afectando con ello el espíritu del artículo 96 de la Ley 10.336.

Recurrentes denuncian que atenta contra la libertad de opinión e información de quienes operan en redes sociales, contraviene la igualdad ante la ley, puede transformarse en una comisión especial, imponer censura previa, entre otros cuestionamientos.

La situación económica de quien requiere no es un enfoque de caso concreto, ya que una valoración de este tipo escapa al razonamiento que exige la inaplicabilidad −siempre de carácter jurídico− en torno a que de la aplicación de una norma legal en una determinada gestión pendiente pueda colegirse la producción de efectos inconstitucionales.