Fiscalización del Consejo evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Cabe recordar que el requerimiento aduce que el proyecto infringe el artículo 127 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social y la iniciativa exclusiva legislativa del Presidente de la República.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario al exigir la rendición del examen de convalidación (Eunacom) para acceder al cargo, requisito inexistente en las bases del concurso.

El máximo Tribunal estableció que yerran los jueces de la instancia al rechazar la demanda por falta de servicio en contra del centro asistencial.

El máximo Tribunal revocó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, solo en cuanto rechazó la acción deducida en representación de la lactante y sus hermanos.

El Tribunal estableció que en la especie no se cumplen los requisitos para establecer el incumplimiento contractual denunciado.

El Tribunal aplicó, además, a C.A.O.M. la accesoria especial de 5 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos; más el pago de multa de $1.205.557

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ejecutivo laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.

La presentación del demandado posee el mérito suficiente para entender renunciado el derecho a alegar el abandono del procedimiento dado que importó la reanudación del procedimiento.

No existía jornada de trabajo, registro de asistencia, en su ausencia para embarcarse se buscaba otro tripulante o pescador y a este último se le pagaba su participación en lo obtenido en la pesca o nada.