En máximo Tribunal peruano indicó que, si bien la norma permite que los Operadores de Servicios Electrónicos puedan acceder a cierta información confidencial del contribuyente protegida, ello no implicó que se esté vulnerando este derecho.

No asiste razón que justifique dicha publicación al margen de lo que permite la ley sobre Protección de la Vida Privada, al tratarse de una obligación que el actor no ha incumplido y cuya exigibilidad se encuentra sujeta a modalidad.

Atendido que el plazo no fue suspendido se debe concluir que la demanda fue notificada vencido el plazo del artículo 2515 del Código Civil.

En relación con los homicidios calificados que se investigaron, se concluye que el encartado no es un ejecutor de la muerte de esas víctimas y por ello no se podría dar por acreditada su responsabilidad en los hechos.

Por un lado, ya no se podrá aislar a las personas que entren en territorio nacional, sin la intervención de un juez. Por otro, el Consejo Constitucional puso límites al plan del Gobierno para rastrear, con las llamadas «brigadas sanitarias», a los futuros enfermos de Covid-19 y a sus contactos.

La empresa incurrió en una omisión desoyendo lo estatuido en el artículo 184 del Código del Trabajo al no asegurarse que usara el arnés.

Participarán un máximo de 50 personas que mantendrán la distancia mínima entre ellos de tres metros y equipadas todas con mascarillas y guantes.

La Corte Suprema señaló que, la resolución impugnada por la vía de la nulidad substancial no presenta las características de aquellas aludidas en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.

Se limitan ciertas causales mientras dure la pandemia por COVID-19.

Se aumenta el número de consejeros y fortalece el rol de su Presidente.