El máximo Tribunal consideró que la materia propuesta no es susceptible de unificación.
La iniciativa propone la reserva de la identidad del denunciante, centralizando el canal de denuncias a través de una plataforma electrónica a cargo de la Contraloría General de la República.
La elección que se pretende impugnar tuvo lugar el 11 de septiembre de 2020, de lo que se tiene que la reclamación es, además, extemporánea.
El Tribunal europeo indicó que los fiscales nacionales no son funcionarios independientes del gobierno.
La medida adoptada responde a criterios justificados y proporcionados de preservación de la salud pública.
Los planteamientos fácticos disimiles del fallo que se acompaña impiden realizar el ejercicio de contraste que es propio de este recurso excepcional.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del Ministerio de Educación al excluir a la recurrente sin solicitar la actualización de la cartola del registro social de hogares en poder de la administración.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se incurrió en un error de procedimiento, el que debe ser corregido para la necesaria y acertada decisión del pleito.
Fiscalización del Consejo evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Cabe recordar que el requerimiento aduce que el proyecto infringe el artículo 127 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social y la iniciativa exclusiva legislativa del Presidente de la República.
