En el contexto de las movilizaciones sociales del año 2019, se han registrado masivas denuncias por abusos y vulneraciones con ocasión de procesos de detención.
Corresponde a la judicatura dar eficacia al derecho consagrado en el artículo 19 N°18 de la Constitución.
La acción se fundó en el no pago de cotizaciones previsionales por parte de la antecesora del demandado.
De la misma forma pueden desarrollarse las reuniones mensuales de dichos comités.
663 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.
El máximo Tribunal descartó que la toma de imágenes aéreas de la propiedad haya violado el derecho a la intimidad de los recurrentes y, además, consideró que el uso de herramientas tecnológicas es neutro, por lo que su legalidad o ilegalidad depende del objetivo o propósito que se persiga con su utilización.
El año pasado, el TDLC no acogió un requerimiento de la Asociación de Marcas del Retail, que acusaba eventuales prácticas contractuales y no contractuales de los centros comerciales contrarias a la competencia.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y, en consecuencia, dejó sin efecto toda medida restrictiva adoptada por la parte recurrida, tras establecer que dichas medidas no se encuentran previstas en el reglamento de la comunidad y que son, además, atentatorias al derecho de propiedad al coartar el uso y goce de los inmuebles.
La propuesta persigue incorporar como principios básicos la publicidad y la valoración del mérito para orientar la selección de los jueces.
El Tribunal acogió la demanda tras establecer que las partes constituyen una familia y que ambas cuentan con competencias parentales para seguir detentando el cuidado personal de su hijo, tal como lo han venido haciendo, incluso, desde antes de su nacimiento.
