El Tribunal acogió parcialmente la demanda por daño moral deducida, condenando al fisco a indemnizar a Aravena Domínguez, quien fue víctima de crímenes de lesa humanidad.
Hasta el 1 de abril, la Sala del Senado fijó como plazo para presentar indicaciones a un proyecto que obtuvo un contundente respaldo transversal.
De aprobarse estas y otras medidas, cualquier persona podría ingresar a una plataforma, para opinar sobre los proyectos en trámite.
Estudio Anual del Consejo para la Transparencia (CPLT) mostró que los niveles de desconfianza ciudadana hacia las entidades del Estado se mantienen, lo que permite apuntar que los efectos de la llamada «crisis de confianza» se mantienen tras difundirse nuevos casos de corrupción de alta connotación pública.
El recurrente consideró vulnerado su derecho a la honra, la imagen comercial y reputación comercial.
La modificación a la ley N° 18.834, con la cual ciertos cargos dejan de tener la calidad de exclusiva confianza, no afecta a funcionarios que ya se desempeñaban en ellos.
No existió un procedimiento de evaluación como tampoco parámetros que permitan determinar cuál ha sido el desempeño de cada trabajador.
El máximo Tribunal estimó que no se efectuó una solicitud formal, en los términos de la Ley sobre Protección de Refugiados.
La fiscalización habría desatendido aspectos sustanciales, los que decantan finalmente en que se cursen infracciones que le generan agravio.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de Santiago.
