Considerando que la empresa se ha resistido a cumplir con la sanción de clausura total y definitiva, y que actualmente ha actuado al margen de la ley con un deficiente sistema de tratamiento de purines.
El máximo Tribunal descartó que la solicitud de certificado de deuda interrumpa la prescripción de la acción.
El Tribunal de alzada desechó el recurso de apelación presentado por el Consejo de Defensa del Estado, que buscaba dejar sin efecto la resolución de primera instancia.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo, tras establecer que la CMF actuó dentro de sus atribuciones al derivar los antecedentes a la SBIF, contenidos en la denuncia que recibió el fiscal de la unidad de investigación de la comisión.
Los cargos se refieren a conductas que podrían configurar un posible tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales.
Todos los asuntos se relacionan con la destitución arbitraria de funcionarios públicos con violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo al presidente del Consejo, Marcelo Drago, casos como éste permiten «demostrar que hubo abuso de los datos personales de una mujer» y subrayan la necesidad que el país tiene de contar con un marco regulatorio adecuado para proteger a la ciudadanía ante vulneraciones como ésta, lo que no ocurre con la normativa actual.
Concluye que este financiamiento no puede caer sobre los hombros, exclusivos, de las empresas del sector privado.
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
