A cargo del abogado Emilio Pfeffer Urquiaga, fundador y director de DiarioConstitucional.cl; integrante de la Corte Suprema; miembro y director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y Director Académico del Diplomado en Litigación en Justicia Constitucional de la Universidad Mayor.
Se estimó que se trató de una medida impuesta en una situación legalmente procedente, en una causa penal en la que se dictó sentencia condenatoria a la fecha no cumplida.
La autora expone que la actuación pública transparente es «una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas». Estamos frente a un derecho humano como el sentido del «derecho a la no corrupción».
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El ente contralor indicó que, procede que CONICYT deje sin efecto la referida resolución, acoja el recurso de reposición interpuesto y restituya las sumas enteradas a dicha Entidad por la recurrente.
El precepto impugnado establece, en esencia, las excepciones que se pueden interponer en el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que el conflicto se suscitó en la causa relativa al control judicial de la medida de protección excepcional de ingreso de un menor de edad a un hogar.
La gestión pendiente incide en autos civiles sumarios, seguidos ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
