La Corte Suprema señaló que, lo razonado llevó a concluir que el fallo atacado no incurrió en infracción de las normas sustantivas.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 y 24.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acogió la excepción de «cosa juzgada» que en sede de apelación alegó el demandado y la Fiscalía, por lo que no emitió pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dado que el supuesto hijo ya había promovido otras acciones judiciales anteriormente.
El Tribunal de alzada acogió la apelación deducida por el establecimiento privado y dejó sin efecto la medida precautoria.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras estimar que el actuar de la casa de estudios vulnera el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad del recurrente.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante, anuló la resolución impugnada y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que ratificó la resolución que ordenó a la propietaria del animal pagar una indemnización total de $7.000.000, por concepto de daño moral, a la madre y al menor afectado.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia atacada que ordenó a las demandadas pagar indistintamente una indemnización total de $35.523.668 al trabajador.
El Tribunal de alzada estableció que la sanción impuesta se ajusta a las facultades de la autoridad recurrida.
