En el caso de que los 14 días del beneficio se utilicen de forma continua, no comprenderán los días de descanso de los trabajadores, independiente de su turno sea de lunes a viernes o en otra modalidad distinta.
La colusión perjudicó a los compradores de automóviles, perjuicio que, en estas circunstancias, se tradujo en el pago de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción. Vinculados como estamos a estos hechos, no podemos considerar siquiera las pruebas en que la demandada trata de sostener la inexistencia del daño.
La extradición fue rechazada al no cumplir el delito de enriquecimiento ilícito con el requisito de gravedad mínima, en virtud del cual el delito debe ser sancionado por ambos Estados con al menos un año de privación de libertad.
En la resolución aprobada por la Cámara se pide conocer las medidas administrativas o iniciativas legislativas que se estén planificando para prevenir nuevos crímenes de odio contra personas LGBTIQI+. Además, se llama a impulsar acciones en torno a la crisis de salud pública que afecta a la población transfemenina por el uso de silicona industrial.
El requirente alega que el precepto impugnado vulnera, entre otros, su garantía constitucional a un debido proceso.
Los actos impugnados se ajustaron a una Circular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que dispuso que no es posible otorgar permisos de construcción bajo el sistema de edificación continua en aquellas comunas en que el plano regulador no regula la altura de las construcciones.
Toda interpretación de las normas que procuran el equilibrio entre derechos, cuando se trata de menores de edad, debe basarse en asegurar el interés superior del menor.
El proyecto, que ahora pasó al Senado, obliga a que los vehículos nuevos salgan de las concesionarias con sus placas patentes instaladas. Se trata de una medida que busca frenar el aumento de la delincuencia.
La instancia fiscalizadora recibió la exposición de los secretarios regionales ministeriales de Salud y Medio Ambiente.
Los ciudadanos extranjeros que carecen de medios económicos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en los procedimientos que pueden conducir a su expulsión del territorio nacional. Sin embargo, de ello no se colige la exigencia de comunicar ese derecho al interesado de forma personal y fehaciente.
