Acciones tomadas contra un particular y una empresa militar privada.
De modo de poder combatir de mejor manera el coronavirus.
La asistencia consular se considera un derecho del Estado, y este no conlleva el derecho de los nacionales a recibir asistencia, sino más bien una habilitación para solicitarla.
El Tribunal tras dar por acreditada la relación laboral entre las partes, ordenó a la municipalidad el pago de una indemnización de $12.000.000 por concepto de daño moral, a la demandante, y la realización de un curso sobre derechos fundamentales, igualdad de género y acoso sexual para todos los funcionarios de planta y personal a honorarios, bajo apercibimiento de multa de 100 UTM.
El máximo Tribunal rechazó el recurso presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual no se pronuncia sobre materias de derecho susceptibles de ser contrastadas.
El Tribunal no advierte ilegalidad alguna en la resolución impugnada y que significó confirmar el pronunciamiento favorable del proyecto en tanto establece que éste no generará una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 13°Juzgado Civil de Santiago, que estableció que en la especie no se probó la falta de servicio denunciada.
El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento administrativo que sancionó al recurrente careció de imparcialidad al no permitirle formular los descargos por el consumo detectado.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.
Las infracciones fueron clasificadas como leves, y se sustentan porque los titulares de fuentes fijas (calderas) no contaban con las mediciones de material particulado (MP), informe que permite acreditar el cumplimiento ambiental de los límites de emisión establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación. Y en uno de los casos, por la comercialización de venta de leña húmeda sobre el 25% regulado.
