El Tribunal Supremo ibérico consideró que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito ?como ocurrió en este caso- no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alegó el recurrente en su recurso.

El ente contralor indicó que si bien su régimen estatutario es el contenido en el del Código del Trabajo, ello es sin perjuicio de su condición de funcionarios públicos y del régimen estatutario al que se halle afecto el organismo que los contrate.

Corte de La Serena estimó vulnerado derecho a un trato igualitario a los recurrentes.

Imputado por el Ministerio Público como autor del delito de propagación de sustancias peligrosas para la salud animal o vegetal.

El Tribunal acogió la acción presentada en contra de la empresa de bombas de agua por el despido verbal del demandante, ordenando el pago de las indemnizaciones y prestaciones adeudadas al trabajador.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 11º Juzgado Civil de Santiago, que estableció la titularidad del requirente sobre los datos personales que contienen las fichas solicitadas.

La decisión se basó en el informe psicosocial del condenado que no recomendó que éste accediera al beneficio de la libertad condicional, sugiriendo continuar con su plan de intervención.

No es necesario que los perjudicados operen como proveedores o compradores en el mercado afectado por el cártel.

La funcionaria se retiró una hora antes de terminar su jornada laboral por los malestares físicos que le habría ocasionado una intervención quirúrgica dental.

El TS consideró que la mujer no cometió delito de apropiación indebida por no repartir 1,17 millones porque no había pacto de asignación de cuotas del premio especial sino solo sobre el premio al número.