El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a los demandados rendir cuenta documentada de la administración de la sociedad educacional, entre octubre de 2007 y octubre de 2017.

El Tribunal estableció que la empresa demandada no justificó la causal esgrimida en la carta de despido, condenándola a pagar a la trabajadora una indemnización total de $2.400.000.

Luego de que se cumplió el plazo de la declaración de candidaturas para las Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales, este 11 de enero, existe una serie de fechas importantes para la aceptación o rechazo de ellas, así como también las reclamaciones posibles, contemplando mecanismos diferenciados.

El autoacordado 13-2021 establece que «el estado de excepción constitucional de catástrofe obligó al Poder Judicial a implementar medidas para asegurar la continuidad del servicio judicial, a fin de evitar postergaciones en la resolución de los asuntos y asegurar la pronta y cumplida administración de justicia».

la Magistratura Constitucional acordó decretar audiencia pública respecto del conflicto constitucional sometido a su resolución, la que se fijó para el día lunes 18 de enero de 2021, de 12:00 a 14:00 horas, por vía remota.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, y los Ministros García, Pozo y Pica, quienes estuvieron por rechazar el libelo, en consideración que o lo planteado en el requerimiento en lo que atañe a la impugnación de la frase final del inciso primero del artículo 429 del Código del Trabajo carece de coherencia.

La construcción se realizó de forma unilateral, sin el acuerdo del recurrente de donde debe materializarse el cierre de los terrenos.

La causal prevista en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo tiene claras exigencias a nivel doctrinario y jurisprudencial.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pica, y la Ministra Silva, quienes estuvieron por rechazar la impugnación, en consideración que el punto alegado en la casación en la forma, respecto del cual se intenta la inaplicabilidad, se encuentra comprendido dentro de la competencia de la Excelentísima Corte Suprema.

La institución es aplicable a juicios de cumplimiento laboral.