El máximo Tribunal de Brasil adujo que no hay forma de eludir los protocolos de conducta para el uso de armas de fuego en el respeto del derecho a la vida.
El actor no denunció afectación a garantías constitucionales.
El máximo Tribunal señaló que, se pone de manifiesto que el real agravio sufrido por el recurrente consiste en su descontento con el razonamiento y el resultado al que arribaron los jueces del grado.
El recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
La resolución dictada por la recurrida no guarda relación con la libertad ambulatoria o la seguridad individual del actor.
Al contrario se aprecia que ante la situación sanitaria actual la autoridad ha adoptado medidas protectoras y/o de resguardo.
La empresa principal no dio cumplimiento a la obligación de pagar las obligaciones previsionales por lo que su responsabilidad es solidaria.
La expresión «cada dos años», indica de manera evidente que el derecho a descanso obligatorio es un año de por medio. Así, la expresión lingüística empleada por la norma, es la más adecuada para indicar una frecuencia bienal y consiste precisamente en aquello que sucede u ocurre cada dos años.
La sentencia que así lo resuelva se limita a reconocer una situación preexistente.
Su primer artículo declaraba el objetivo de «concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional» y establecía la caducidad «de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados».
