Superintendencia del Medio Ambiente ordena medidas provisionales contra empresa por operación deficiente de aguas residuales.
Los residuos líquidos industriales han formado un lago de más de 1,5 hectáreas.
Los residuos líquidos industriales han formado un lago de más de 1,5 hectáreas.
Es posible condenar por delito distinto, siempre que sea de la misma naturaleza o especie que el imputado, aunque suponga una modalidad distinta, pero cercana, dentro de la tipicidad penal y sea de igual o menor gravedad que la imputada de forma expresa.
Si un diagnóstico no se encuentra cubierto por el seguro, no obsta kis gastos puedan ser reembolsados por el Servicio de Bienestar.
Los comisionados terminaron su labor. En menos tiempo de lo presupuestado, despacharon los trece capítulos que conforman la propuesta constitucional de la Comisión Experta. Ahora les toca a los consejeros. El nuevo órgano se instalará el próximo 7 de junio con un acuerdo transversal y pocas materias que han quedado en el aire. Sin embargo, […]
En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del establecimiento al no aplicar el reglamento de convivencia escolar ni abrir una investigación interna, tras tomar conocimiento de la agresión que sufrió la menor el 13 de abril de 2018, en una actividad realizada fuera del colegio.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de los dueños de terrenos gravados por servidumbre de tránsito, al impedir el acceso a la recurrente.
Los senadores se mostraron preocupados por los gastos en que incurrió la empresa y abogaron para que el proyecto que ingrese el Gobierno tenga como principal objetivo bajar el valor de los cilindros de gas licuado.
El pasado viernes, la Comisión Experta aprobó una serie de artículos que, en teoría, generarán mayores facilidades para la gobernanza, como el umbral del 5%, la destitución de los escaños a parlamentarios expulsados de los partidos políticos o la celebración de las elecciones parlamentarias en conjunto a la segunda vuelta presidencial. La gran mayoría de ellas fueron aprobadas con unanimidad.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.