El máximo Tribunal señaló que, apareció de manifiesto que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores al Ministro Letelier y a la Ministra Silva.
El ente contralor adujo que dicho examen se rinde ante la Universidad de Chile, el cual, al ser aprobado por el interesado, le permite inscribir su diploma en el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por ende, ser reconocido de conformidad con la Convención de México.
Se anunciaron para alegar, en representación del Banco requirente, el Abogado Arturo Fermandois; y por el Servicio de Impuestos Internos, la Abogada Javiera Ruidíaz Caerols.
La recurrente señaló como vicios de la sentencia impugnada las contempladas en la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo y en los literales c y e) del artículo 478 del Código del Trabajo.
No se mencionan antecedentes que den indicios de alguna vulneración en el ejercicio legítimo de garantías constitucionales
Una de las alegaciones que más se repitió, fue aquella que puso en duda la validez de las elecciones debido a que no se celebraron en el periodo contemplado por la Constitución polaca.
Reclamantes alegan que la resolución impugnada valida un proceso de Evaluación Ambiental en el que se verificaron expresas contravenciones a la normativa ambiental, a sus principios, a la normativa internacional y a la Constitución.
La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad.
En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y resolvió que la acción carece de presupuesto fáctico. El recurrente expuso que presentó el año 2018 una solicitud de regularización predial en la Secretaria de Bienes Nacionales. Añade que la petición no ha avanzado a la siguiente […]
