El libro contiene un análisis pormenorizado de los principales temas que comprende la introducción al estudio del Derecho procesal. Se ordena en seis capítulos generales, los cuales, a su vez, abordan tres ejes argumentativos principales: las fuentes de esta disciplina y, entre ellas, detenidamente la ley procesal; la jurisdicción, con un estudio acabado de las bases fundamentales de la administración de justicia; y, por último, la competencia, con una explicación minuciosa de la organización jurisdiccional chilena.

La intención es generar conciencia sobre la incidencia de esta patología, en particular, la necesidad de contar con un tratamiento oportuno y de calidad considerando las secuelas que produce una atención tardía. La norma pasó a segundo trámite.

La Sala del Senado despachó en particular el proyecto que apunta a mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Tribunal de alzada descartó arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de la CMF, cuyo proceso sancionatorio se enmarcó en las facultades y atribuciones que le confiere la normativa legal.

La Corte Interamericana emitirá una opinión consultiva con respecto a las obligaciones estatales en materia de derecho al cuidado, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?

El requirente estima que la aplicación de estas normas atenta contra las garantías a un debido proceso y derecho de propiedad.

La Municipalidad está obligada a realizar acciones positivas que faciliten el acceso de la recurrente a ser evaluada en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, pero no le permitió que tuviera materialmente acceso a un intérprete de señas.

El máximo Tribunal confirmó el rechazo del Conservador de La Serena a practicar el alzamiento de una hipoteca y una prohibición de enajenar, debido a que el solicitante debe pedir al tribunal respectivo que declare fallida la condición que acusa, para proteger los derechos de terceros involucrados.

La responsabilidad por la atribución falsa de paternidad se rige por los principios generales de la responsabilidad civil. La antijuricidad está dada por la atribución falsa de un estado de familia, obrar antijurídico que halla su fundamento en el deber de no dañar al otro. Esto se plasma en la actitud culpable o dolosa de quien mantiene relaciones sexuales con un tercero en la época de la concepción y lo oculta al progenitor emplazado.

El requirente alega que se mantiene su estado de incertidumbre migratoria, afectando sus derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.