La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Hernández Emparanza, Brahm y Pozo, quienes estuvieron por rechazar íntegramente el requerimiento deducido.
El Tribunal de alzada acogió la reclamación, tras establecer que Colbún no reviste la calidad de empresa estratégica, al no prestar un servicio de utilidad pública, según establece la normativa vigente.
Este número aborda nueve temas entre los que se incluye un análisis del sistema desintegrado en Chile, los cambios de la jurisprudencia de la Corte Suprema en su concepción sobre la elusión fiscal, los errores más comunes en la tramitación de casos de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción proteccional, tras establecer que la publicación no vulnera garantías fundamentales en los términos invocados.
Los senadores Huenchumilla, Harboe y Allamand, quienes pertenecen a dicha instancia, debatieron sobre la real necesidad de entregar nuevas herramientas a Carabineros en medio de un escenario de cuestionamiento institucional.
Con indicaciones que aclaran, entre otros, que no se otorgan nuevas atribuciones a la Inspección del Trabajo y que no habrá doble indemnización, el Senado aprobó el proyecto interpretativo.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, pero elevó los montos indemnizatorios en consideración al tiempo que las víctimas estuvieron privadas de libertad y al daño que les causaron agentes de Estado.
El ministro en visita acusó a Gonzalo Humberto Figueroa Nieto en calidad de autor del delito de detención ilegal de Díaz Cortez, Humaña Jiménez, Leal Riquelme, Saravia Flores, Salazar Salgado, Díaz Cortez y Santana Dubreuil; y como autor del delito de apremios ilegítimos en contra de Díaz Cortez.
El Tribunal estableció la responsabilidad del sostenedor de la escuela básica al no adoptar las medidas necesarias de resguardo y seguridad de los educandos.
