Diversos grupos de parlamentarios ingresaron a trámite siete iniciativas respecto al sistema de recambio de medidores de luz.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Aránguiz, quien fue del parecer de revocar el fallo en alzada.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
La recurrente estimó vulnerados las garantías constitucionales del Derecho de Propiedad, Igualdad ante la Ley y Libertad de Trabajo.
El ex funcionario es socio de la sociedad B y M Inmobiliaria Ltda., que dicha sociedad obtuvo rentas producto de un contrato de arriendo sobre un inmueble que el recurrente adquirió.
El grupo parlamentario buscó interiorizarse sobre el nivel de cumplimiento de la circular 21, comprometida, por medio de la cual se impartieron instructivos del Ejecutivo en torno a la renovación de contratos del personal y que buscaba evitar la desvinculación injustificada de los trabajadores.
La secretaria de Estado, Susana Jiménez, participó con el objetivo de entregar más antecedentes sobre la polémica generada a raíz del costo por el cambio a medidores inteligentes y su impacto en las tarifas eléctricas.
El Tribunal estableció que el demandante fue víctima durante el periodo que permaneció detenido de vejámenes, torturas y tratos degradantes, que constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles en el aspecto penal y civil.
El máximo Tribunal rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El informe temático recoge los estándares internacionales sobre seguridad de periodistas desde una perspectiva de género, las obligaciones estatales de prevenir, proteger y procurar justicia frente a actos de violencia basada en género contra mujeres periodistas.
