La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado integrante Mario Palma Sotomayor.
Señala que un Poder Judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales, debilita el Estado de Derecho llamado precisamente a proteger, creando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos y su actuación en el desarrollo de sus actividades.
El Tribunal Constitucional procederá a discutir si es aplicable o no el decreto de Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones.
El Tribunal consideró arbitraria la decisión de cerrar las consultas sin que exista normativa para ello.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda en contra de la Sociedad de Servicios Transaccionales Caja Vecina S.A
La Comisión observa que a nivel mundial y con pocas excepciones las mujeres rurales encuentran mayores desafíos para el pleno goce de sus derechos, en comparación con los hombres rurales y con las mujeres y hombres urbanos.
Según LyD esta polémica resulta artificial ya que es la propia Constitución Política de la República la que permite que por ley se pueda limitar el derecho de propiedad, tal como actualmente lo hace la ley que rige nuestro sistema de pensiones.
La gestión pendiente incide en autos laborales ante la Corte de Punta Arenas, por recurso de nulidad.
Se estimó que dicha forma de notificación importó incurrir en un vicio que afectó el derecho a defensa del interesado, en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N° 18.113 y 24.757, de 2018, de este origen.
La demandante fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, como causal principal y, en subsidio de ésta, la del artículo 478 letra c) del mismo Código.
