La gestión pone en movimiento al órgano jurisdiccional y opera con efecto interruptivo para el prescribiente.
La confianza legítima solo exige que el acto que contiene la decisión de no renovar una contrata se encuentre debidamente fundado con razones objetivas.
El requirente estima que los preceptos impugnados transgreden su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El Municipio de Lo Barnechea intentó cobrar más de 200 millones de pesos en deudas de patente municipal.
Los mensajes de odio no están amparados por la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.
Para que un asunto llegue a la Corte Suprema, el demandante tiene que impugnar la constitucionalidad de un fallo de un tribunal federal de apelaciones o, en algunos casos, de un tribunal estatal.
El requirente estima que la referida declaración resulta improcedente respecto de su realidad empresarial y vulnera sus garantías constitucionales.
La información solicitada resulta ser idónea para afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera privada o derechos de carácter comercial o económico que pudiera afectar su honra.
La Ley del Tránsito prohíbe renovar la licencia u otorgar una nueva a las personas que carecen de idoneidad moral.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
