La sentencia concluyó que la actividad productiva de bodega está permitida por el instrumento de planificación territorial.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en los jueces del fondo que concluyeron que no es procedente descontar de la indemnización por años de servicio, el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía del trabajador.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que estableció que las demandadas no están obligadas a terminar la construcción del ducto al no estar resuelto el libre paso que comprometió el municipio.
Las controversias relativas al cumplimiento o incumplimiento de la legislación, en relación a la informalidad laboral, son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.
El Tribunal de alzada rechazó por nueve votos contra cinco la solicitud, tras concluir que de los antecedentes aportados por el Ministerio Público “no surge prueba suficiente que permita tener por acreditada la existencia de los hechos que en carácter reiterado se atribuyen al senador imputado, como tampoco aparece que aquellos satisfagan la calificación jurídica del tipo penal esgrimido por el acusador”.
El máximo Tribunal estableció error de derechos en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que acogió la acción de precario por mera tolerancia.
Haciendo énfasis en la necesidad de avanzar hacia la concepción de internet como un derecho y profundizar una política pública los senadores despacharon el texto en particular. Asimismo, algunos parlamentarios se mostraron partidarios de contar con una superintendencia de comunicaciones.
La nueva Reforma Procesal Civil se hará cargo de modernizar un sistema que llevar 118 años sin modificación alguna, con el objetivo de entregar más y mejor acceso a la justicia a las personas.
En el fallo, la magistrada ordenó a la empresa pagar una indemnización de $8.813.658 por concepto de daño emergente; $15.000.000 al niño afectado y $10.000.000 a cada progenitor, por concepto de daño moral.
Para determinar la extensión de la medida de clausura total, la resolución consideró que si bien tanto el Servicio de Evaluación Ambiental y como SMA, concluyen que el proyecto debería contar con una RCA favorable para poder ejecutarse, los dos organismos disienten en los fundamentos para sostener que el proyecto está eludiendo el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA).
