Los funcionarios públicos denunciantes y testigos, no inculpados, podrían acogerse a las medidas de protección propuestas por el peticionario.
La recurrente aduce que, en cuanto a lo exigido por el art. 10 N° 2, no pudo cumplirse dicha formalidad toda vez que los socios de la Corporación constituyen un número indeterminado de personas.
El Tribunal Supremo de España estimó los recursos de la Generalitat de Catalunya y revocó las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona.
En el caso que se declare admisible, el TC se pronunciará sobre el fondo de la contienda de competencia planteada.
Y convocatoria para participar en audiencias de oficio.
Los requirentes estiman que el precepto impugnado infringiría el principio de legalidad de la pena.
La presente cuenta pública se encontrará abierta a la recepción de opiniones durante un período de 30 días a contar de hoy 30 de enero de 2018.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Tribunal declaró que el actor fue objeto de actos de acoso laboral que en definitiva atentaron contra su integridad psíquica.
Respecto al daño moral, el fallo establece que los demandantes tuvieron que verse expuestos a una serie de angustias y de trámites.
