El Estado debe garantizar las condiciones fácticas para que los funcionarios públicos realicen denuncias de violaciones de derechos humanos libremente sin que sean víctimas de amenazas, represalias u otros tipos de hostigamiento.
El acto impugnado no fundamentó porqué se consideró incompatible la salud de la actora con el desempeño de sus funciones.
La sola acusación no cumple con el estándar constitucional para justificar la suspensión del derecho a sufragio. Para ello, al menos, es menester que se lleven a cabo actuaciones procesales posteriores a su presentación donde intervenga el Juez de Garantía.
Pagos de asignación de zona y bonos de zonas extremas para universidades estatales, equipamiento de salud y fortalecimiento de las decisiones regionales serán parte de los temas con miras a la próxima discusión presupuestaria.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso de cautela constitucional, tras establecer que en la especie, el servicio recurrido actuado apegado a la normativa legal sobre la materia.
No se garantiza justicia en un plazo razonable e instituyen un proceso jurisdiccional sin término, lo cual deja a la requirente en la indefensión y de manos atadas a un juicio de nunca acabar.
Cualquier daño sufrido por el consumidor compromete la responsabilidad objetiva del proveedor.
El acto impugnado solo enumera los antecedentes que se tuvieron en cuenta para resolver, sin explicitar sus razonamientos, por lo que deviene en ilegal al carecer de la debida fundamentación.
Las entidades públicas deben velar para que tales donaciones sean aceptadas excepcionalmente y ponderar su conveniencia, a fin de evitar una práctica que afecte la objetividad en sus decisiones.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
