La compañía demandada se negó a cumplir con las coberturas pactadas, acusando que el asegurado no informó de una enfermedad preexistente que le fue comunicada en el año 2008, la que devino en el padecimiento que le causó la muerte en 2012. No obstante, el máximo Tribunal indicó que no basta con el mero hecho de enunciar una enfermedad previa para negarse al pago, sino que, es necesario argumentar el nexo causal entre dicha enfermedad y la causa del deceso, lo que en la especie no ocurrió.

La recurrente solicitó una visa de residencia temporal en calidad de titular, por lo que la acreditación de solvencia económica no es una decisión ilegal ni antojadiza del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que la madre de la actora sea quien la reciba en el país. El máximo Tribunal indicó que, la solicitud que correspondía presentar era una de residencia temporal como dependiente.

Es carga del recurrente exponer ante este Tribunal, los motivos concretos que le llevan a considerar el alcance de su queja casacional, con todos sus fundamentos y elementos necesarios para su decisión, con clara exposición de su discrepancia, sin que sea labor de este Tribunal intentar hacer conjeturas acerca de la razón de su disidencia.

El tipo penal se configura en la medida que el imputado no cumpla con una cualquiera de las tres conductas que debía cumplir en el momento de protagonizar el accidente.

La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.

Las constancias obrantes en la causa no permiten establecer el eventual nexo de causalidad entre el factor laboral y la enfermedad multisistémica que afectó al trabajador.

Si un empleado es nombrado para un cargo incompatible, al asumirlo cesará por el solo ministerio de la ley en su anterior plaza, sin perjuicio de las excepciones que la ley prevé.

El fallo sí da cumplimiento al deber que la recurrente arguye insatisfecho, puesto que, a diferencia de lo que se afirma, indudablemente contiene las razones en virtud de las cuales los jueces concluyeron que el acusado tuvo participación como coautor en el delito de cohecho que da por establecido.

El enfoque social de la discapacidad implica maximizar la autonomía de la persona con diversidad funcional para garantizar que ejerza sus derechos fundamentales sin obstáculo alguno y en condiciones de igualdad. De ahí que resulte inadmisible que en su caso no se haya intentado obtener su consentimiento informado.

El Estado no puede invocar normas de derecho interno -como la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual-, para eximirse del cumplimiento de la obligación de reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, debido a que dichos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.