Esto luego que los integrantes de la instancia de Derechos Humanos rechazaran la idea de legislar en votación dividida. El punto más controvertido fue la posibilidad de incluir en este beneficio carcelario a condenados por delitos de lesa humanidad.
La impugnación se ingresó al Tribunal Constitucional el mismo día en que se realiza la audiencia pública, vía videoconferencia, dada la emergencia sanitaria por el COVID-19, para revisar el requerimiento interpuesto por un grupo de senadores de Chile Vamos.
Las alumnas de la Universidad Diego Portales se movilizaron para exigir el cumplimiento del protocolo para casos de acoso sexual que, según ellas, no se estaba respetando, lo que motivó que se las sancionara por infracciones a la convivencia universitaria.
A la fecha, informa la Defensoría, llevan un total de 1.186 audiencias en las que, basándose en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, han pedido la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria por arresto domiciliario.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la falta de servicio de la parte demandada.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la institución policial al denegar acceso al registro público solicitado por grupo de abogados.
El Tribunal de alzada consideró que la información es pública, lo que quedó asentado por fallo dictado por la Corte Suprema.
Los requirentes alegan que la exclusión de que son objeto es discriminatoria y vulnera diversos preceptos de la Constitución.
El ente fiscalizador adujo que no le corresponde a esta Contraloría General revisar los antecedentes clínicos o elementos de juicio que sustenten los informes emitidos por dicha Comisión, en atención a su carácter eminentemente especializado y técnico.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección.
