El Tribunal de alzada confirmó el fallo impugnado, dictado por el 5° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda en contra del centro de salud por falta de servicio.
El Tribunal estableció la responsabilidad contractual del centro demandado, ordenándole pagar a la paciente $1.878.549 por concepto de daño emergente, y la cantidad de $18.000.000 por concepto de indemnización por daño moral o extrapatrimonial.
El máximo Tribunal estableció que la materia de derecho que se pretende unificar no se corresponde con la que fue objeto del juicio.
El Tribunal de alzada rechazó el arbitrio tras constatar que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, no se pronunció sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional al considerar que de los hechos descritos por el amparado se desprende que existe una amenaza cierta de atentado contra su vida, descartando participación de la Armada.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo judicial de multa administrativa, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de nulidad.
Se ajusta a la definición consagrada en el artículo 5° de la Ley N°20.066.
Máxime cuando no existen antecedentes que demuestren que haya incurrido en otros ilícitos penales a posterior.
La Magistratura Constitucional señala que, la decisión que se adopte no importa cuestionar o discutir la facultad fiscalizadora que conforme a la respectiva legislación sectorial compete a la SBIF.
Ambas señalan haber tenido una relación de familia con el causante.
