Se solicita terminar con el criterio de contar con 20 o más trabajadoras, y cambiar el vocablo de «trabajadoras» a «trabajadores», eliminando así la actual discriminación de género.
El Tribunal estableció que el SAG infringió las normas del debido proceso al aplicar la sanción.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Valdivia, y sancionó a Entel con una multa de 25 UTM.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación deducido, pero dejó sin efecto la multa de 20 UTM, impuesta a la recurrente en el fallo de primera instancia, que consideró como temeraria la demanda.
El recurrente estimó que se habría vulnerado el derecho de propiedad.
Asimismo, se suspendió la tramitación de los autos objeto de las contiendas de competencia hasta que estas sean resueltas.
El órgano contralor concluye manifestando que no se advierten irregularidades en el actuar del entonces Intendente señor Miguel Hernández.
El recurrente adujo haberse vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física.
El interés del Estado no precisa ni demanda es la necesaria intermediación del órgano estatal, de modo que sea éste el que deba remitir al boletín oficial el extracto de la convocatoria para su publicación.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.
