La sentencia señala que el estado civil de los padres no debería influir en el derecho a la ciudadanía de ninguna persona, por cuanto si la ley obliga al Estado a otorgar la ciudadanía, este derecho debe cumplirse sin discriminación de aquellos niños nacidos bajo filiación no matrimonial.

La Corte Suprema señala que no hubo una perturbación del derecho al respecto de la vida privada y de la correspondencia por cuanto el apelante no tiene una expectativa de privacidad razonable en relación con las conversaciones tenidas.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la parte recurrida en la elaboración del protocolo para el uso correcto de equipos de protección personal en la atención de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional por pérdida de oportunidad.

Confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Trabajo del Baker-Cochrane.

El Tribunal estableció que la parte recurrida no justificó la causal esgrimida en la carta de despido por supuesta necesidad de la empresa, de la trabajadora desvinculada el 24 de enero pasado.

La Corte de Chillán había resuelto que debían serle proporcionadas para no menoscabar su derecho a defensa.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de La Serena, con declaración que se elevó el monto de la indemnización a $63.096.858 para el cónyuge de la fallecida, y a $48.756.663 para cada uno de sus tres hijos.

El Senado encabeza el proyecto que ha sido probado en 30 países por la Universidad de Stanford. La intención es conocer la opinión de la ciudadanía en materias de salud y pensiones luego de un proceso de reflexión dirigido.