El ente contralor adujo que se trata de un beneficio de carácter excepcional, limitado únicamente a un determinado período de tiempo y circunscrito a un personal dentro del cual no están comprendidos los funcionarios de los DAEM.

Los ministros Brito y Dahm estuvieron por revocar el fallo en alzada y acoger el recurso de amparo, teniendo en consideración para ello que la conducta por la que fue condenado el amparado en su país de origen, dice relación con el porte de un arma de fuego, hipótesis que no se encuentra contemplada en el artículo 15 N° 2 de la ley de extranjería.

El informe habría sido la causa principal para rechazar pena mixta.

El amparado se mantiene ansioso por esa situación.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, descartó toda ilegalidad en el actuar de las recurridas.

La Corte de Apelaciones de Copiapó indicó que no existe medida alguna que la Corte deba arbitrar para restablecer el imperio del derecho.

El Tribunal Supremo estableció como criterio interpretativo «que el Consejo Superior de Deportes es competente para controlar, en vía de recurso administrativo, los acuerdos adoptados por las Ligas Profesionales sobre la afiliación de clubes de baloncesto profesionales».

Los amparados se encuentran formalizados por el delito de homicidio.

El decreto de expulsión fue dictado hace más de 10 años.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.