A propósito de la reclamación del alcalde de Licantén sancionado por propaganda electoral en espacios públicos no autorizados.
Están solicitando la destitución del alcalde por fraude electoral. El gasto habría sido un 200% más de lo permitido.
Están solicitando la destitución del alcalde por fraude electoral. El gasto habría sido un 200% más de lo permitido.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que absolvió a la Concejala Marcela Ximena Abedrapo Iglesias, sindicada como autora del delito de injurias graves por escrito y con publicidad.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La pregunta es sugestiva porque indica o provoca una respuesta afirmativa como única conclusión racional de las afirmaciones previas que le sirven de sustento.
El Alto Tribunal reconoció el derecho a la alteración del nombre y prenombre de las personas trans en los registros civiles del país a través de la auto declaración, sin la necesidad de decisión judicial, médica o psicológica y de realizarse una cirugía de afirmación sexual.
En su análisis el Tribunal determinó que el Icsara no podía ser impugnado, ya que constituye un acto trámite que no generó la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.
El autor señala que su cliente no podía decidir dejar a obras de caridad indeterminadas sus bienes terrenales para que dispusiera de ellos el centro budista que había decidido, ya que según el artículo español 747 del Código Civil si no se cumplía un requisito legal, a saber: debía tener como causa el beneficio de su alma.
El senador Bianchi afirmó que «lo que estamos proponiendo es que, en el mismo artículo 19, que consagra la libertad de educación se consigne que el lucro es -por esencia- contrario a los fines de la Educación».
La instancia pedirá que el Ejecutivo esclarezca los puntos tras la queja formulada por la Asociación Chilena de Municipalidades, a consecuencia del recorte presupuestario que obligaría a poner fin a este tipo de planes.
El Tribunal acogió la demanda presentada por 80 familiares de las víctimas, tras establecer la responsabilidad del Estado en un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible tanto en el aspecto penal como civil.