El máximo Tribunal rechazó la acción judicial de la reclamante, la empresa Chilquinta Energía S.A., y reiteró la jurisprudencia asentada por la Corte Suprema en orden a que los municipios están facultados para dictar ordenanzas sobre la materia.
La Fiscalía acusó a estas empresas de mantener un acuerdo para fijar los precios de venta de los alimentos para salmones, conocidos también como dietas, entre los años 2003 y 2015.
El máximo Tribunal estableció que en sede de unificación de jurisprudencia, carece de efectividad práctica lo resuelto en la especie por el Tribunal Constitucional.
Los casos son de una docente de Antofagasta y una técnico en enfermería de Punta Arenas.
En la sesión se recibió una denuncia por cobros irregulares en las cuentas de agua en Valparaíso y se expuso sobre el proyecto que establece el roaming nacional.
La propuesta busca dotar de mayor autonomía a las escuelas y directores, facilitando la gestión administrativa de los establecimientos educacionales.
Con esto la iniciativa, en primer trámite constitucional, también denominada «Transparencia 2.0» quedó despachada a la espera de su votación en la sala de la Cámara Baja.
La Magistratura colombiana ordenó, entre otras medidas, la creación de una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo indígena e informe los resultados a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud correspondiente.
El máximo Tribunal no hizo lugar a los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por terceros coadyudantes, tras el desistimiento de la recurrente principal.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Quellón.
