En la sentencia se indicó que se da por acreditada la estrechez económica que obligó a desvincular a los trabajadores y que no existen indicios que den cuenta de alguna vulneración de derechos a los actores.
El ente fiscalizador adujo esto, profundizando que se cumple la hipótesis cuando dicho funcionario no habite un inmueble fiscal o proporcionado por el fisco.
La Corte Suprema señaló que, el recurso de protección perdió interés.
Sentencia señaló que se vulneró el derecho de asociarse libremente para formar un sindicato.
Con ocasión de estados de excepción constitucional o alertas sanitarias.
Al negarse a atenerse al mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección internacional.
La Magistratura constitucional española adujo que las medidas acordadas cumplen las exigencias de los principios de legalidad y de proporcionalidad desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso y ejercicio del cargo público, conforme a la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que no todos los procedimientos ejecutivos tienen naturaleza idéntica y que, dado que no existe obligación constitucional que fuerce a establecer igual número de excepciones a la totalidad de procedimientos ejecutivos existentes, la norma en cuestión cumple con los estándares constitucionales del debido proceso.
Habiéndose transformado en bien familiar el inmueble que el cónyuge demandado vendió a un tercero después de presentada y proveída la demanda no podía celebrarse el acto de disposición y menos podría tener lugar la inscripción que le sucede.
Se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena, aunque concurran varias atenuantes.
