El ente contralor adujo que no altera lo anterior, la circunstancia que el proyecto correspondiera a la categoría «deporte laboral», como entiende erróneamente la recurrente.
La decisión se tomó luego de concluir que los tribunales no pueden intervenir en políticas que en este caso son responsabilidad del MOP, como la seguridad en los caminos públicos.
«La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un 'interventor judicial'.
El objetivo de la acción cautelar es que los periodistas y otros profesionales de medios de comunicación tengan acceso de manera oportuna a exámenes y tratamientos en caso de haberse contagiado durante el ejercicio de sus funciones, luego de que fueran convocados a puntos de prensa por la seremi de La Araucanía quien se encuentra en cuarentena tras dar positivo en el examen de Covid-19.
La recurrida les había señalado verbalmente que «sus solicitudes no serían recibidas», negándoles la oportunidad de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, contemplado en la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre la Protección de Refugiados y su Reglamento.
Se pide que se deje sin efecto el decreto alcaldicio, en la parte en que limita y restringe el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales, tanto más si la empresa ha adoptado a nivel nacionaldiversas medidas tendientes a proteger la salud, tanto de su personal colaborador como de sus clientes.
El Tribunal de alzada sostiene que las aprehensiones de la recurrente miran al establecimiento de una forma alternativa de cumplir dicha pena, lo que no se encuentra dentro de la esfera de las atribuciones de la recurrida y de esta Corte, a través de esta vía extraordinaria.
El Tribunal de alzada indica que los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía, puesto que se refieren a políticas públicas impulsadas desde la Presidencia de la República.
El máximo Tribunal indica que las prerrogativas conferidas a la recurrida deben ejercerse atendiendo al límite entregado en la ley, a la luz del cual esta Corte debe realizar el control de razonabilidad y proporcionalidad para el caso concreto.
Máximo Tribunal indicó que no es posible reconocer el derecho de dominio de los fondos en los términos señalados por el actor, sino que en los contenidos en el DL 3.500 con destino en previsión social.
