El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la administradora recurrida al denegar el retiro anticipado, debido a que por ley los fondos están destinados al pago de pensiones; sin embargo, ordenó a la AFP informar a los recurrentes las alternativas que les permitan disponer del todo o parte del dinero ahorrado, según el ordenamiento jurídico vigente.
Ambas entidades solicitan a los Estados dela región garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, desarrollando medidas que apunten a reducir el hacinamiento carcelario y a cambiar las medidas cautelares a los privados de libertad que están en grupos vulnerables.
La Magistratura constitucional solicitó, entre otras, información al Ministerio de Hacienda para determinar si se han realizado adiciones presupuestales al sector penitenciario para atender la emergencia sanitaria en los establecimientos de reclusión del país.
El máximo Tribunal argentino adujo que existió una deficiencia en la valoración de la prueba, que resulta relevante a la hora de determinar si en el caso concurre el factor de falta de servicio.
El ente contralor sostuvo esto, siempre y cuando ello sea necesario para hacer efectivo el principio de continuidad del servicio público y así cautelar el derecho constitucional a la protección de la salud.
La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 3 inciso 5 y 24.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1 y 2.
La Corte Suprema señaló que, no cabe duda que la mantención de los datos después de haber transcurrido alrededor de cinco años desde la dictación del sobreseimiento definitivo, configuró un acto ilegal y además arbitrario.
La Corte Suprema señaló que, el órgano recurrido al resolver como lo hizo, a la luz de lo ahora resuelto por el Tribunal Constitucional, incurrió en una ilegalidad que importó la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.
