Fue el reclamante quien desistió de la posibilidad de optar a tal prestación.
El recurrente adujo haberse vulnerado el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y a la propiedad.
La reclamante alega que su marginación del proceso en cuestión se debería a que, en esa época, estaba en trámite un sumario administrativo seguido en su contra e incoado por el Servicio de Salud Osorno.
La recurrente adujo haberse vulnerado los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la salud y a la propiedad.
La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia de que conoce la Corte Suprema.
Fueron víctimas de un hecho perpetrado por una persona facultada para ejercer atribuciones del poder público que pudo razonablemente ser percibido como alguien que ejecutaba esas acciones en nombre del Estado.
Se permitiría que suegros, yernos, nueras, suegras y cuñados puedan contribuir a entregar vida a quienes lo necesitan.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida y confirmó la resolución dictada el 30 de noviembre pasado, por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que decretó la prisión preventiva del ex suboficial del GOPE.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida, y confirmó la resolución dictada el 15 de febrero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que decretó la prisión preventiva del ex suboficial del GOPE.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada y acogió la demanda deducida, ordenando al Estado de Chile a pagar $30.000.000 a dos hermanos de la víctima; y $3.000.000 a cada uno de los seis sobrinos demandantes.
