Si bien el derecho fundamental al agua no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, la jurisprudencia ha entendido que sí está reconocido por la Carta Política y que es un derecho autónomo. A partir de ello, la Corte ha precisado que el Estado tiene varias obligaciones y deberes, como asegurar cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad para los usuarios.

La Comisión Experta respetó los acuerdos alcanzados, y se ratificó entre otras cosas los nuevos órganos encargados de las funciones no jurisdiccionales: nombramientos de magistrados, facultades disciplinarias, formación de jueces y administración financiera. Sin embargo, la aprobación del acápite fue algo polémica: ha sido el único donde un comisionado (Flavio Quezada del PS) rechazó o […]

Es una ceremonia llena de significativos gestos y ritos, que se desarrolla en horario nocturno, en el que habitualmente los cementerios se encuentran cerrados al acceso del público, por estar fuera de su horario de funcionamiento.

El capítulo sobre Gobierno y Administración Regional y Local propone la creación de Consejos de Gobernadores, Alcaldes y Regionales con el fin de coordinar y fomentar la cooperación entre gobiernos locales. Además, plantea las sobretasas a ciertos tributos y el establecimiento de mecanismos para respetar a los pueblos indígenas en regiones y comunas donde existe una presencia significativa de ellos.

Por Maite Palacios.

Un régimen presidencial con un periodo de cuatro años sin reelección inmediata, dos periódicos presidenciales como máximo, especificaciones en las bases generales de la Administración del Estado y armonización al texto, esas fueron las principales normas estipuladas en el Capítulo V del anteproyecto constitucional.

Por Rodrigo Valdés Roa

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del arbitrio al estar dirigido en contra de los hechos establecidos por los jueces del fondo.

En fallo unánime, las magistradas aplicaron, además, a Sabat Pietracaprina la suspensión de cargos, empleos y oficios públicos por el término de dos años y un día; más el pago de una multa de $675.000 y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

Los senadores se mostraron preocupados por la incertidumbre que genera un virtual cambio de criterio. Acordaron continuar con audiencias mientras «la justicia entrega mayores certezas que permitan definir cuántos contratos realmente se verán afectados con la sentencia».

La ceremonia realizada hoy por el tribunal es la antesala de la instalación, el próximo 7 de junio, del Consejo Constitucional. Por eso, el tribunal ratificó a sus integrantes este lunes, algunos de ellos objetados con algunos requerimientos presentados. En la Región de la Araucanía se alegó una mala utilización del principio de paridad, mientras […]

La Primera Sala del tribunal de alzada desechó con costas la incidencia planteada por la defensa, la cual deberá, además, pagar una multa, tras establecer la falta de fundamentos de la acción, al no haber emitido la recusada dictamen alguno sobre el fondo del proceso.