La magistratura indicó que la acción cautelar no es idónea para resolver un litigio que debe ser resuelto por un juez, en un procedimiento de lato conocimiento, pues el recurrente no posee un derecho indubitado para tutelar, al existir controversia en el hecho si debía ser o no evaluado al ejercer el cargo por un período menor a seis meses, debido a las sanciones de suspensión impuestas por dos sumarios previos en su contra.

Es improcedente acceder al pago de cotizaciones que nunca fueron incorporadas al patrimonio municipal como ente recaudador y para el solo efecto de su pago. Lo contrario importaría violentar las normas de derecho público que rigieron la materia a la luz del principio de la primacía de la realidad, y a la vez conllevaría un enriquecimiento sin causa para el trabajador.

Las nuevas disposiciones introducen la presunción de una relación laboral, activándose cuando dos de los cinco indicadores de control o dirección de una lista específica están presentes. Esta lista puede ser ampliada por los estados miembros. La presunción puede ser invocada por el trabajador, sus representantes o las autoridades competentes.

Conocida como ley de cámaras corporales, se espera que entregue más seguridad a las policías al permitir contar con un registro de los procedimientos policiales.

En opinión de la magistratura, la gráfica utilizada por el solicitante es similar a la de una conocida marca de pintura nacional. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que las discrepancias en la forma en que el tribunal valoró la prueba, no pueden ser invocadas como vicios de nulidad sustancial.

La Comisión aprobó y derivó a la Sala una iniciativa que buscar resolver aspectos técnicos que hoy enfrentan ciertos condominios, como por ejemplo, en materia de reglamento.

El Senado, por mayoría, rechazó las enmiendas introducidas por la Cámara, referidas a temas, tales como, la redefinición de condición de refugiado y el procedimientos para su solicitud y aceptación.

La Sala del Senado aprobó por unanimidad una moción en esa línea presentada por un grupo transversal de senadores.

La Octava Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción constitucional de protección, al no constituir el recurso de protección la vía idónea para impugnar lo aseverado por la legisladora, a través de redes sociales.

Para el pleno de ministros, las principales observaciones al proyecto de ley, corresponden al procedimiento que le permite a las entidades emisoras comparecer ante el Juez de Policía Local a solicitar la suspensión de la obligación de cancelar los cargos y/o restituir de fondos, cuando existen fundadas sospechas de dolo de parte del usuario que desconoce una transacción, sin importar el monto de esta.