Hasta la madrugada de este martes senadores y diputados trabajaron en un texto de consenso que permitieran zanjar las diferencias que surgieron durante el trámite de la iniciativa.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El amparado cumple con las exigencias previstas en el artículo 464 del Código Procesal Penal.
Las labores están reguladas bajo el esquema de un contrato de prestación de servicios a honorarios, de acuerdo al artículo 11 de la Ley N°18.834.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Los registros morosos ya no están publicados en el sistema.
La Segunda Sala adujo que la requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, razón por la cual, atendido el tiempo transcurrido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
La resolución impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales.
El STF expuso que prevaleció el entendimiento de que la tutela judicial de la libertad religiosa prevista en la Constitución Federal y la fijación de beneficios o criterios alternativos cuando se alegue una excusa de conciencia es necesaria y obligatoria, siempre que no atente contra la igualdad de competencia.
