El contenido de los contratos no sólo no son objeto de comunicación pública (lo cual puede encontrar cierta justificación), sino que su contenido tampoco es conocido por parte de la autoridad administrativa de control, circunstancia que puede suponer un foco de abusos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago que estableció la responsabilidad del Estado en el delito de lesa humanidad.
Los legisladores recuerdan que la ley que introdujo este sistema obligatorio contó con un periodo de adaptación de seis años y que, posteriormente, se tuvo que extender hasta el presente año.
El Tribunal rechazó la reclamación deducida en contra de la resolución adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, que sancionó a Optus por no contar con un departamento de prevención de riesgos que funcione permanentemente dentro de la empresa.
No se habría reconocido el grado de magíster que obtuvo recientemente, por no haberse dictado aún el nuevo reglamento previsto por la Ley N° 21.080.
Se analiza la Ley N° 25.087 del año 1999, que reformó sustancialmente el Título III del Libro Segundo del Código Penal Argentino.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras de Molina.
El máximo Tribunal Interamericano acogió parcialmente cuatro de las siete excepciones preliminares propuestas por el Estado.
Los caudales comprometidos -en pasajes y hotelería- fueron reintegrados en parte por el Harvard College y el saldo por el propio Ministro.
El recurrente consideró infringida la igualdad ante la ley, toda vez que, desconociendo la autoridad un plazo legal en toda su extensión.
