La Corte Suprema revocó la sentencia apelada por falta de fundamentación al rechazar la solicitud de declaración de prescripción gradual de la pena impuesta al amparado, situación que autoriza a otorgar el amparo constitucional, por aparecer de manifiesto que la resolución impugnada carece de fundamentos que justifiquen su decisión.
De declararse que el despido es injustificado, lo pagado en el finiquito deberá imputarse a lo adeudado, según lo dispuesto en la sentencia respectiva.
La Audiencia Provincial de Burgos razona que utilizar esta expresión no significa que el agresor conociese la condición sexual de la víctima, ni que este fuera el móvil para iniciar el ataque.
El Juez requirente plantea que las normas legales objetadas podrían infringir el debido proceso respecto del deudor habitacional, desde que el Fisco puede emplazarlo en un domicilio en el que no habita, requiriéndolo de pago y embargando el inmueble que el SERVIU solicita que se le adjudique en la causa.
La prevalencia de la jurisdicción ordinaria frente al arbitraje en caso de duda, es una cuestión que también ha recogido la Audiencia Provincial de Madrid.
¿Qué relación hay entre corrupción y derechos humanos? ¿Qué deberes tienen los Estados frente a los denunciantes de corrupción?
Fue un funcionario de policía, debidamente identificado, quien realizó una recopilación de imágenes que eran útiles a la investigación. El hecho de que se trate de imágenes sueltas no implica que sean falsas o que no sean reflejo de la escena que transmiten. La autenticidad e integridad de las grabaciones y su contenido ha sido contrastado y valorado, como coincidente con prueba testifical.
El supuesto normativo del “Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones” ha sido objeto de una adecuación legal incorporada por la ley N° 21.655 -que, entre otros aspectos, crea el aludido examen de admisibilidad formal-, por lo que corresponde que el Servicio adopte las medidas que procedan para ajustar sus protocolos internos a la normativa vigente.
Las partes pueden actualizar los contratos individuales, dejando constancia del cambio de empleador y consignando la antigüedad de los dependientes, sin que sea necesario agregar o modificar ninguna otra estipulación.
Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.
