El Tribunal de alzada establece que el amparado cumple con las exigencias reglamentarias para acceder al beneficio, por lo que ordenó que se continúe con la tramitación tendiente a la concesión de la libertad condicional solicitada por Jones Huala, quien cumple condena desde el 22 de diciembre de 2018, como autor de los delitos incendio y tenencia ilegal de arma de fuego.

En relación con los objetivos que persigue el Tribunal al llevar a cabo el recorrido por la zona, el ministro Ruiz aclaró que “venimos a observar los territorios, cómo conviven con la actividad industrial, cuáles son las implicancias, hemos hablado con actores locales también en las caletas de Horcón y de Ventanas y eso evidentemente es información muy valiosa que a nosotros como jueces nos va a llevar a tomar una mejor decisión y en este caso, en aras a buscar un acuerdo entre las partes que siempre es la mejor salida para cualquier conflicto”.

Los senadores respaldaron la idea de legislar. De este modo, continuarán revisando el articulado de la moción que apunta a terminar con la práctica de estas entidades de suspender las licencias médicas.

La iniciativa considera el stealthing como un tipo de abuso sexual que puede dañar la integridad física y psicológica de la víctima.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Resulta ineludible para la recurrida, en su calidad de institución de salud previsional privada el deber de adecuar sus conductas a las políticas públicas y favorecer el acceso de sus afiliados a todas las acciones que les permitan sobrellevar y recuperarse de sus patologías.

Reforzar la propiedad privada sobre las cuentas de ahorro de pensión es una señal adicional de seguridad, no solo para el mercado, sino también para la ciudadanía.

No se advirtió actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, al enmarcarse dentro de las políticas públicas implementadas por la autoridad sanitaria.

En su informe, la recurrida reconoció el error al momento de generar el Registro de Entrega, que consistió en señalar una fecha errónea de entrega del envío. En virtud de este reconocimiento, no podrá traerle consecuencias adversas a la recurrente en el proceso administrativo.

Promocionar y vender los mismos servicios que ofrece la marca registrada, con el evidente propósito de generar una falsa idea en los consumidores de que se trata del mismo producto o servicio tipifica la conducta penal reprochada.