De acuerdo al juez, el legislador excluye del ilícito de prácticas desleales todas aquellas medidas del empleador que adaptan o ajustan los recursos de la empresa para obtener que los trabajadores no involucrados en la huelga ejecuten sus funciones contractuales, siempre que sean indispensables para ello.

La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales de los numerales 2,3, 21 y 24 del artículo 19.

El máximo Tribunal estimó que la recurrida cuenta con atribuciones para ordenar el retiro temporal de la institución.

Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Amparado estimó vulnerada su libertad individual.

Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Corte de Alzada determinó que los recurridos habrían producido una alteración del statu quo.

La Corte de Puerto Montt señaló que no concurrió supuesto alguno de los exigidos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

El autor destaca que dicho fallo convalidó una ley penal retroactiva más gravosa, lo que es un claro indicador de que ha colapsado la frontera entre el derecho vigente y las creencias de los jueces acerca de cuál debería ser el derecho vigente, incluyendo al razonamiento judicial en su más alto nivel.

La parte recurrente estimó vulneradas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y el derecho de propiedad.